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TAPA BLANDA. Condizione: New.

TAPA BLANDA. Condizione: New.

Encuadernación de tapa blanda. Condizione: Perfecto. Aranzadi, 2022. Ciencias Jurídicas. Legislación. Leyes. Derecho. Quien, por razón de un trastorno mental grave, comete un delito o carece de la capacidad mínima para comprender y defenderse en un proceso es, ante todo, una persona enferma. Proteger sus derechos y priorizar el tratamiento son las pautas que marcan el camino adecuado para evitar la peligrosidad y lograr su curación. Esta es, en esencia, la tesis que, desde diversos puntos de vista, académicos y profesionales, defendemos en este libro. 364 pp. 24 x 17. Tapa blanda de editorial ilustrada. Sin subrayados ni anotaciones. Perfecto estado de conservación. ISBN: 9788411241991.

Condizione: Nuevo. ¿Es legítimo formalizar acusación y enjuiciar a una persona que, por razón de trastorno mental, carece de capacidad para entender el significado del proceso penal y para poder defenderse? El sentido común dice que no. Lo mismo sostiene la doctrina especializada, la jurisprudencia, el Derecho de la Unión europea y las garantías constitucionales del proceso justo.

Condizione: Nuevo. En un contexto socio-político complejo y cambiante, muy condicionado por la arquitectura de la seguridad, la prevención y la protección, resulta oportuno reflexionar sobre la idea de peligrosidad derivada del trastorno mental y sobre el tratamiento que deba darse a dicha peligrosidad en el ámbito de la justicia penal. El libro que el lector tiene en sus manos recoge las aportaciones de un equipo de expertos ?juristas, psiquiatras, psicólogos, profesores de ciencia política y funcionarios de instituciones penitenciarias? centradas en la predicción del riesgo que puede derivar de ciertos estados del trastorno mental, y en las formas de abordarlo en el proceso penal con base en un equilibro razonable entre prevención y garantías.En los últimos tiempos han evolucionado mucho la psiquiatría y la psicología. Aparecen nuevas herramientas de predicción de la conducta, entre las que destaca la Inteligencia Artificial. Al propio tiempo, de la idea de peligrosidad hemos pasado a la valoración del riesgo como potencialidad o circunstancia cambiante, mensurable, reversible y condicionada por un conjunto variado de factores de corte o sesgo predominantemente objetivo.Queda ahora por saber si seremos capaces de trasladar, con prudencia y acierto, todas estas novedades y avances en materia de trastornos mentales a la justicia penal. A tal empeño pretende contribuir este libro.

Condizione: Nuevo. Quien, por razón de un trastorno mental grave, comete un delito o carece de la capacidad mínima para comprender y defenderse en un proceso es, ante todo, una persona enferma.Proteger sus derechos y priorizar el tratamiento son las pautas que marcan el camino adecuado para evitar la peligrosidad y lograr su curación.Esta es, en esencia, la tesis que, desde diversos puntos de vista, académicos y profesionales, defendemos en este libro,PresentaciónEn 2014, un grupo compuesto por profesores de Derecho y Psiquiatría, y por abogados, fiscales, magistrados, psiquiatras y funcionarios de Instituciones Penitenciaras, nos propusimos estudiar el régimen jurídico de los sujetos pasivos con trastorno mental en la justicia penal. La concesión de un Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad nos proporcionó el apoyo para desarrollar nuestro estudio entre 2015 y 2018. Partíamos entonces de la incompatibilidad entre partes esenciales del estatuto del sujeto pasivo con trastorno mental en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al proceso justo, previstos en el art. 24 de la Constitución. Una incompatibilidad fundamentalmente centrada en el enjuiciamiento de sujetos pasivos con incapacidad procesal por trastorno mental grave, que empezaba a ser puesta de manifiesto, todavía tímidamente, por la doctrina y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.La principal conclusión de nuestro trabajo ?Trastornos mentales y justicia penal, Aranzadi, 2017? fue la necesidad de una reforma en profundidad de la LECrim a fin de garantizar, en el estatuto del sujeto pasivo con trastorno mental, los derechos fundamentales al conocimiento de la acusación, a la contradicción y a la defensa. Entendíamos que la solución jurídica al problema del enjuiciamiento del acusado con trastorno mental grave y privativo de su capacidad procesal debía pasar por poner el acento en el trastorno mental ?la causa? antes que en la peligrosidad ?el efecto?, lo que no supone renunciar a la actuación jurídica sobre el sujeto, sino únicamente a no hacerlo a través del proceso penal cuando el sujeto no esté en condiciones de comprender, de actuar y de defenderse. En tales casos, concluíamos, resulta prioritario el tratamiento médico, el control terapéutico y la asistencia al sujeto ?con medios materiales y personales efectivos y con instrumentos normativos modernos, que permitan una actuación diversificada bajo supervisión judicial? Solo cuando se constate una mínima pero suficiente capacidad de comprensión y actuación en el encausado, podrá valorarse la procedencia y la oportunidad de su enjuiciamiento.Tras esta primera etapa investigadora, advertimos que algunos temas no habían sido estudiados con la suficiente profundidad. Entre todos ellos, uno nos preocupaba de manera especial: la peligrosidad o el riesgo que, en determinados casos, el trastorno mental llevaba aparejado en relación con el encausado, con la víctima o con terceros, y que exigía una actuación preventiva sobre el sujeto pasivo. ¿Cómo valorar certeramente este riesgo? ¿Cómo anticiparse? Y, sobre todo ¿qué consecuencias otorgar al riesgo previsto, qué medidas adoptar, y durante cuánto tiempo aplicar la prevención?Estas preguntas nos dirigían, fundamentalmente, a dos instituciones de la justicia penal en las que la evaluación de la peligrosidad o el riesgo del encausado tiene un protagonismo singular: las medidas cautelares de carácter personal, y las medidas de seguridad adoptadas tras la sentencia.Contando con la base del primer equipo de investigadores, y teniendo a la vista la materia que habíamos de abordar en esta segunda etapa del trabajo, hemos tenido la suerte de poder reforzar el equipo de psiquiatras, fiscales, magistrados y abogados especialistas (Natalia Jimeno, Emilio Sáez, Javier Abella y Cristina Gómez), de contar con profesores de Ciencia Política (Verónica-Esther Viñas) y de Derecho (Belén Hernández y Elisabet Cueto), y de incorporar un grupo de psicólogos forenses, todos ellos especialistas en la valoración de la peligrosidad del trastorno mental (Amaya Nagore, José Manuel Muñoz e Ismael Loinaz). Animados por el interés del tema y la calidad del equipo de investigación, solicitamos un segundo Proyecto, que nos concedió el Ministerio de Ciencia e Innovación con un periodo de ejecución 2020/2023.Entre las tareas de esta segunda etapa de investigación figuró desde el inicio el estudio de las soluciones que al problema de la peligrosidad del sujeto pasivo con trastorno mental ofrecían las propuestas de reforma de la LECrim, las de 2011, 2013 y, muy señaladamente, el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020. Los tres textos, articulados y completos, plantean una profunda reforma del estatuto procesal del sujeto pasivo con trastorno mental que afecta, entre otras cuestiones, a la definición de la discapacidad procesal y a su determinación judicial, a la adopción y a los tipos de medidas cautelares adecuadas para discapacitados, al enjuiciamiento del acusado discapacitado y al tratamiento de la discapacidad sobrevenida durante el cumplimiento de medidas de seguridad tras la sentencia? Al estudio del régimen jurídico previsto para los sujetos pasivos con trastorno mental en el ALECRIM de 2020, con especial atención a la evaluación de la peligrosidad en orden a la adopción de medidas cautelares y medidas de seguridad, dedicamos un seminario celebrado el 25 de noviembre de 2021, cuyas ponencias, defendidas por diferentes miembros del equipo de investigación, se recogen íntegras en este libro.Los contenidos están divididos en cuatro partes. Las dos primeras tienen carácter introductorio, y en ellas se recogen unas reflexiones de carácter general sobre el ALECRIM y sobre la valoración del riesgo y las nuevas tecnologías en la moderna justicia penal, junto a un estudio de antecedentes sobre las propuestas de reforma de 2011 y 2.

.- Valencia. 2010. Editorial Tirant Lo Blanch. 22x15 cm. 1 tomo. 262 pgs. rúst. Muy buen estado. . .

Condizione: Usado- bueno.

Condizione: New. Idioma/Language: Español. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla.

Condizione: Nuevo. Entre 2010 y 2020 pareció posible la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en España. Tres textos articulados, impulsados por gobiernos de distinto signo y publicados en 2011, 2013 y 2020, coincidieron en las líneas maestras en las que había de concretarse el proceso penal que propone la Constitución de 1978. A pesar del aparente consenso técnico y político que suscitaron, los dos primeros ni siquiera llegaron a iniciar la tramitación parlamentaria, mientras que el tercero acaba de convertirse en un Proyecto de Ley cuya aprobación final por las Cortes plantea dudas más que justificadas.Ante un futuro que no permite augurar en el corto o medio plazo un amplio acuerdo político para la reforma completa del proceso penal, se hace necesario contar con una lectura constitucional actualizada del vigente sistema español de justicia penal. Este tratado pretende responder a esa necesidad, ofreciendo un estudio profundo, riguroso y con vocación práctica, que sirva como guía para el conocimiento, la comprensión y la aplicación de las instituciones del proceso penal a la luz de la moderna doctrina científica, de la experiencia profesional de los operadores jurídicos y de la jurisprudencia penal sustantiva, procesal y constitucional.

Condizione: Usado- bueno.

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